La factura electrónica tiene la misma validez legal que la factura en papel, a efectos tributarios. Desde 2003 existe un entorno legal y fiscal preparado para enviar y recibir facturas electrónicas en España y el resto de Europa. A nivel comunitario, dos directivas europeas establecen el marco comunitario para la firma electrónica y simplifican y modernizan las condiciones impuestas a la facturación en relación con el IVA. En el ámbito nacional, cada país de la Unión Europea ha establecido los mecanismos normativos necesarios para poder trabajar con la facturación electrónica. En España, es el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.