• Normativa de Transparencia de la Universitat Pompeu Fabra. Publicación en el DOGC.

La legislación sobre la transparencia, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE 295 de 10/12/2013) y Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (DOGC 6780 de 12.31.2014), a partir de ahora LTRCAT, se aplica, de acuerdo con el art. 3.1 letra c), en las universidades públicas de Cataluña y los entes dependientes o vinculados o participados, incluidas las sociedades mercantiles, las fundaciones y otros entes instrumentales. El LTRCAT es de aplicación a las universidades catalanas desde el 1 de julio de 2015, fecha en que se puso en marcha el Portal de la Transparencia de la UPF para dar cumplimiento a este mandato.

Se hace necesario, sin embargo, desarrollar en el ámbito de la UPF las disposiciones que la LTRCAT regula.

En cuanto a la Publicidad Activa, la LTRCAT determina que las obligaciones de transparencia establecidas tienen el carácter de mínimas y generales. Cualquier administración puede ampliar esta información, lo que permite también informar de aquella información relativa a las funciones que la UPF ejerce como servicio público: la docencia y la investigación y la transferencia.

La UPF desde sus inicios ha hecho esfuerzos para facilitar información sobre sus resultados y tiene mucha información publicada en la web o en la intranet. Ahora se trata de estructurar y ampliar esta información en el Portal de la Transparencia de la UPF para que se pueda visualizar de forma fácil y asegurar que los ciudadanos disponen de esta información.

También se debe desarrollar el procedimiento aplicable al Derecho de Acceso a la Información Pública, para garantizar su ejercicio. Asimismo, la presente normativa desarrolla los aspectos del Buen Gobierno, el Registro de grupos de interés, las Cartas de Servicios, los Códigos Éticos y de buena conducta, así como el Gobierno Abierto, clave de la participación ciudadana y de la comunidad universitaria.

Es por ello, que se propone al Consejo de Gobierno aprobar la siguiente normativa:

Capítulo I. Disposiciones comunes

Artículo 1. Objeto

El objeto de esta normativa es desarrollar las leyes 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en la Universidad Pompeu Fabra en relación a:

a) La transparencia de la actividad pública.

b) El derecho de acceso de las personas a la información y la documentación públicas.

c) Los principios del buen gobierno de acuerdo con los que deben actuar los cargos de dirección y gobierno de la UPF y el resto del personal al servicio de la Universidad al que es aplicable esta normativa.

d) El gobierno abierto y el fomento de la participación y la colaboración.

e) El régimen de garantías y responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la legislación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Esta normativa se aplica en la Universidad Pompeu Fabra y los entes dependientes o vinculados o participados, incluidas las sociedades mercantiles, las fundaciones y otros entes instrumentales.

Artículo 3. La transparencia de la actividad pública

1. La transparencia de la actividad pública de la UPF se garantiza mediante la implantación de un sistema integral de información y conocimiento en formato electrónico que incluya los diversos canales que permitan proporcionar la información pública a los miembros de la comunidad universitaria y a los ciudadanos. El diseño debe fundamentarse en el uso preferente de los sistemas de gestión de documentos públicos, como facilitadores de datos y documentos auténticos, en el marco de interoperabilidad del sector público.

2. El sistema integral de información también debe permitir la gestión del conocimiento en el ámbito interno, a los efectos de una mayor eficacia y eficiencia en las decisiones que afectan la acción pública de la UPF, a partir de una evaluación constante de los servicios.

3. Deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar que la información pública sea disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil acceso a través de redes públicas basadas igualmente en las tecnologías de la información y comunicación.

4. La UPF debe facilitar el acceso a la información pública en formato reutilizable. La reutilización de la información pública es libre y no está sujeta a restricciones, salvo en los supuestos en que esté sometida a la obtención de una licencia de reconocimiento de creative commons, que se indicarán en el Portal de la Transparencia.

5. El sistema integral debe permitir a las personas un acceso fácil, abierto y gratuito a la información pública.

Artículo 4. Órganos responsables

1. Los órganos responsables del cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por la Ley y esta normativa son el rector, el secretario general y el gerente, además de los empleados al servicio de la Universidad Pompeu Fabra.

2. A los efectos de la legislación sobre la transparencia y de esta normativa son altos cargos los órganos unipersonales de carácter general previstos en los Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra.

3. Corresponde al rector adoptar las políticas de transparencia y las medidas necesarias para facilitar el conocimiento de la información pública, en el marco de la legislación sobre la transparencia y de esta normativa así como las competencias previstas en esta normativa en materia de recursos y en relación al régimen de garantías y responsabilidades.

4. Corresponde al secretario o secretaria general:

a) Dirigir, organizar y gestionar el Portal de la Transparencia de la UPF y asegurar su interconectividad con el Portal de la Transparencia de la Generalidad de Cataluña.

b) Elaborar la Guía de la Transparencia de la UPF.

c) Llevar a cabo las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

d) Resolver las solicitudes de acceso a la información pública.

e) Organizar y gestionar el registro de grupos de interés y la tramitación de las denuncias por incumplimiento del Código de Conducta que estos deben cumplir, así como la suspensión temporal de la inscripción en el registro de grupos de interés o la cancelación de la inscripción.

f) Velar por la implementación y el desarrollo de la presente normativa.

5. Corresponde al gerente diseñar las medidas de organización interna y de infraestructura necesarias para dar cumplimiento a la transparencia e impulsar el plan de formación correspondiente.

6. Los servicios y unidades administrativas y académicas son unidades de información pública que deben suministrar la información requerida por la Ley y esta normativa y sus responsables devienen obligados a colaborar en la tramitación del derecho de acceso a la información.

7. Los responsables de la aplicación de la Ley y de esta normativa en las entidades dependientes o vinculadas a la UPF son los titulares de los órganos y los cargos directivos de las mismas. Acordarán mediante sus órganos los diferentes niveles de responsabilidad y comunicarlo a la Universidad.

Capítulo II El Portal de la Transparencia de la UPF

Artículo 5. Normas generales

1. La información sujeta al régimen de transparencia se hace pública en el Portal de la Transparencia de la UPF, donde se organiza la información de una manera clara, estructurada y preferentemente en formato reutilizable. El Portal se interconectará con el Portal de la Transparencia organizado y gestionado por la Administración de la Generalitat de Cataluña.

2. El Portal se publica en la web de la UPF y debe ser accesible desde la sede electrónica de la UPF.

3. En el Portal se difundirá la información pública de interés general de una manera veraz y objetiva para que las personas puedan conocer la actuación y el funcionamiento de la UPF y ejercer el control de esta actuación. Se garantiza que esta información se difunde de manera constante y se actualiza permanentemente, con indicación expresa de la fecha en que se ha actualizado por última vez y, si es posible, de la fecha en que se ha de volver a actualizar.

4. La información se organizará de manera temática de manera que sea fácilmente accesible y comprensible para las personas y que facilite una consulta ágil y rápida por medio de instrumentos de búsqueda.

5. Se facilitará la consulta de la información con el uso de medios informáticos en formatos fácilmente comprensibles y que permitan la interoperabilidad y la reutilización.

6. Los límites a las obligaciones de transparencia son los establecidos en la legislación sobre la transparencia, especialmente los relativos a la protección de datos de carácter personal. Cualquier limitación en la aplicación del principio de transparencia debe fundamentarse en un límite o una excepción expresamente establecidos por una norma con rango de ley.

Artículo 6. Contenidos del Portal de la Transparencia de la UPF

1. El Portal incluirá:

a) La publicidad activa prevista en la legislación de la transparencia y aquella información específica sobre la prestación del servicio público universitario incluida en la Guía de la Transparencia de la UPF.

b) Un espacio específico de contratación pública.

c) El Registro de grupos de interés.

d) El formulario de presentación de solicitudes de acceso a la información pública.

e) La normativa sobre la transparencia aplicable a la UPF.

f) El formulario de propuestas y sugerencias y evaluación de la calidad de los servicios.

g) Las formas de participación y otros mecanismos de gobierno abierto.

2. El Portal contendrá la información de los entes dependientes o vinculados a la UPF ya sea directamente en el Portal o mediante un enlace a la web de los organismos.

3. Se adoptarán las medidas oportunas para asegurar la progresiva difusión de la información pública y para garantizar que ésta esté disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil acceso. En lo que no sea posible se difundirá creando enlaces a sitios o páginas web a través de las que se podrá acceder.

Artículo 7. Publicidad activa

La Universidad pondrá a disposición de la comunidad universitaria y de los ciudadanos, adaptada al marco de sus competencias, la información prevista en los artículos 9 a 15 de la Ley 19/2014, y aquella información pública relevante en el ámbito de la docencia y de la investigación siguiente:

- Organización institucional: información sobre la misión de la UPF, su estructura y funciones, la información relativa a los recursos humanos previstos en la legislación, la normativa y acuerdos de los órganos de gobierno generales, los procedimientos, las cartas de servicios, las actuaciones de relevancia jurídica, etc.

- Gestión económico-presupuestaria y patrimonial: información presupuestaria y económica y sobre los bienes de la UPF.

- Planificación y programación: información sobre los instrumentos de planificación de la UPF tanto a nivel estratégico como de dirección.

- Contratación pública y convenios: el perfil de contratante y la información sobre los convenios firmados por la UPF.

- Actividad subvencional: información sobre la concesión de becas y ayudas.

- Docencia: resultados de los procesos de evaluación de la docencia y de las enseñanzas, de la internacionalización, inserción de los graduados, encuestas, etc.

- Investigación y transferencia: información sobre la estructura de la investigación y la transferencia, datos económicos de la investigación, resultados de evaluación, producción científica, etc.

- Cifras e indicadores.

Capítulo III Derecho de acceso a la información pública

Artículo 8. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública

1. Cualquier ciudadano mayor de 16 años o cualquier miembro de la comunidad universitaria, a título individual y en su propio nombre o en representación y nombre de las personas jurídicas legalmente constituidas, tienen derecho a acceder, mediante solicitud, a la información pública, archivos y registros, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley.

2. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la UPF como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones. Cuando la pretensión de acceso a la información pública resulte del ejercicio de potestades públicas, será de aplicación el principio de colaboración interadministrativa. El ámbito de incidencia afecta tanto la documentación en curso de tramitación como la calificada de conservación permanente.

3. Para el ejercicio del derecho a la información pública, la UPF dispone de un sistema de gestión de documentos que permite la interoperabilidad entre administraciones, la localización de cualquier documento y la vinculación de cada documento a su régimen de acceso y publicidad. A estos efectos, el sistema está adaptado a los criterios de acceso establecidos por la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental (CNAATD).

4. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la UPF no está condicionado a la concurrencia de un interés personal, no está sujeto a motivación y no requiere la invocación de ninguna norma. Sólo puede ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes.

5. No se rigen por esta normativa las solicitudes de complemento de información general y ordinaria sobre las actividades que realiza la UPF, que se dirigirán a los puntos de información del estudiante o en los lugares que expresamente se señalen en el web de la UPF en cada actividad. Tampoco se regulan por este artículo la formulación de sugerencias y quejas, que se rigen por el Reglamento de Sugerencias y Quejas, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2013, si bien el formulario deberá ser accesible desde el Portal de la Transparencia.

6. El acceso de los interesados ​​a los documentos de los procedimientos administrativos en trámite se rigen por lo que determina la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo. En el caso de materias que tengan establecido un régimen de acceso especial, este acceso es regulado por su normativa específica y, con carácter supletorio, por la Ley 19/2014, de 29 de diciembre.

Artículo 9. Limitaciones al derecho de acceso a la información

1. El derecho de acceso a la información pública sólo se podrá denegar o restringir por las causas expresamente establecidas por las leyes. Estas limitaciones deben interpretarse restrictivamente en beneficio del derecho y no se pueden ampliar por analogía.

2. Las denegaciones o restricciones del derecho de acceso deberán basarse necesariamente en los límites establecidos en los artículos 21 a 24 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre.

3. Cuando concurran algunos de los límites, el acceso podrá ser parcial en los términos del artículo 25 de la Ley. Las limitaciones deben ser proporcionales y tienen carácter temporal mientras perduren las razones que justifican su aplicación.

4. Las limitaciones al acceso constarán en los instrumentos de descripción y otros recursos de apoyo creados por el Archivo de la UPF, a fin de que las personas puedan conocer antes de formular solicitud.

Artículo 10. Requisitos de las solicitudes de información pública

1. Las solicitudes de acceso a la información pública se pueden hacer por cualquier medio que permita tener constancia de:

a) La identidad del solicitante

b) La información precisa a la que se quiere tener acceso, sin necesidad de indicar ningún documento ni expediente concretos.

c) La forma o el formato en que se prefiere tener acceso a la información.

d) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, que sirva para las comunicaciones entre el solicitante y la Universidad.

2. El solicitante puede exponer, con carácter potestativo, los motivos que justifican el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La ausencia de motivación en ningún caso puede ser una causa para denegar la solicitud.

3. En el Portal de la Transparencia se pondrá a disposición de las personas un formulario para facilitar el derecho de acceso, que se podrá presentar electrónicamente, por medio de la sede electrónica, o presencialmente cumplimentando el formulario disponible en el Portal y presentándolo en el registro de la UPF o por cualquiera de los medios admitidos por la legislación de procedimiento administrativo. En el caso del formulario electrónico, la persona interesada deberá disponer de un sistema de firma electrónica avanzada basado ​​en certificados electrónicos reconocidos, incluido el contenido en el carnet de la UPF o DNI-e.

El formulario de solicitud de acceso informará a los usuarios del tratamiento que recibirán sus datos personales y de la forma de ejercer los derechos que les reconoce la normativa de protección de datos de carácter personal.

4. Las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General de la UPF. En caso de que las personas se dirijan a otros órganos estos darán traslado a la Secretaría General con carácter inmediato.

5. Se atenderán también las solicitudes formuladas en documentos elaborados por el solicitante siempre y cuando tengan los contenidos mínimos que deben permitir atender la solicitud.

6. Una vez presentada la solicitud se comunicará al solicitante la recepción de la solicitud indicando el día de la recepción, el órgano responsable de resolverla, la fecha máxima para resolverla y la unidad responsable de la tramitación.

7. Si la solicitud es imprecisa se pedirá al solicitante que concrete, en un plazo de diez días hábiles, la información a la que quiere tener acceso, prestándole el apoyo necesario. Este trámite suspenderá el plazo para resolver. En caso de que el solicitante no cumpla este plazo se le tendrá por desistido y se archivará el expediente, sin perjuicio de que se vuelva a ejercer el derecho con una nueva solicitud que cumpla los requisitos.

Artículo 11. Inadmisión de solicitudes

La inadmisión de las solicitudes deberá motivarse en las causas previstas en los artículos 29 y 30.2 de la Ley 19/2014 de 29 de diciembre.

Artículo 12. Afectación de derechos o intereses de terceros

1. Si el acceso a la información puede perjudicar derechos o intereses de terceros identificados o que sean fácilmente identificables, estos dispondrán de un plazo de diez días para presentar alegaciones, tiempo durante el cual quedará suspendido el plazo para resolver. El traslado de la solicitud sólo revelará la identidad del solicitante si es necesario. El solicitante será informado de este trámite.

2. En caso de que estén afectadas datos de carácter personal, el órgano de tramitación pedirá un informe a los órganos competentes de acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 2003 de medidas organizativas sobre la protección de datos de carácter personal en la UPF.

Artículo 13. Órgano competente para resolver

El secretario o secretaria general es el órgano responsable de resolver las solicitudes de acceso a la información pública.

Artículo 14. Plazo para resolver y efectos del silencio administrativo

1. El plazo para resolver es de un mes a contar del día siguiente a la recepción de la solicitud en el registro de la Universidad. Este plazo se podrá ampliar 15 días hábiles más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicite lo hagan necesario. La prórroga y sus motivos deben ser comunicados al solicitante antes del vencimiento del primer plazo.

2. En el supuesto de que en el plazo establecido para resolver la UPF no hubiera resuelto, los efectos del silencio serán positivos, lo que significa que la UPF está obligada a facilitar el acceso a la información pública en el plazo de treinta días. No se podrá adquirir el derecho de acceso por silencio administrativo si concurre alguno de los límites establecidos por las leyes.

Artículo 15. Requisitos de la resolución y notificación

1. La resolución se formaliza por escrito y se notificará al solicitante y, en su caso, a terceros afectados que hayan comparecido en el procedimiento, dentro del plazo para resolver. Se indicarán los recursos que se pueden presentar, así como las vías para hacerlos efectivos.

2. Si la solicitud es de un miembro de la comunidad universitaria, la notificación se hará por medios electrónicos. También si lo ha hecho un miembro ajeno y ha presentado la solicitud por medios telemáticos o si ha optado por este medio a la solicitud.

3. Si se estima la solicitud y no se ha producido oposición de terceros, la notificación puede ser sustituida por una comunicación por la que se indica al interesado que puede acceder a la información, o bien se le pueden facilitar los datos directamente.

4. La resolución sólo podrá ser desestimatoria cuando sean aplicables los límites establecidos por la legislación. En caso de que sea estimatoria pero ha habido oposición de terceros, el acceso a la información sólo puede hacerse efectivo una vez transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo y siempre que los órganos jurisdiccionales no hayan establecido medidas cautelares de suspensión o se haya resuelto el incidente manteniendo la ejecutividad del acto administrativo.

5. Las resoluciones serán motivadas en los siguientes casos:

a) Las que desestiman total o parcialmente la solicitud.

b) Las que estiman la solicitud pese a la oposición de terceros.

c) Las que establecen como forma de acceso a la información un formato diferente al solicitado.

6. Las resoluciones no se motivaran si la mera indicación de la existencia o no de datos puede comportar incurrir en alguna de las limitaciones del derecho de acceso, si bien habrá que hacer constar esta circunstancia en la resolución.

7. Si el acceso a la información pública es denegado como consecuencia de la aplicación de los límites derivados de la protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial, la motivación de la resolución debe incluir la referencia a la persona titular de estos derechos, si es conocida.

Artículo 16. Acceso a la información o documentación

1. El acceso a los documentos se facilitará en el soporte material o medio que la persona solicitante haya indicado de entre los disponibles. Sólo se suministrará la información en formato diferente por las causas establecidas en el artículo 36. 2 de la Ley 19/2014 de 29 de diciembre. Esta circunstancia se incluirá en las resoluciones estimatorias y se indicarán los formatos alternativos.

2. La información sobre las diferentes opciones de acceso a los documentos en diferentes formatos figurarán en los instrumentos de descripción o en los otros recursos de apoyo a la consulta. Como criterio general, cuando se disponga de reproducciones de los documentos, el original se preservará y se facilitará el acceso a su reproducción.

3. No se podrá acceder a documentos originales cuando su consulta vaya en perjuicio de su conservación. En este caso, se facilitará el acceso a una reproducción del documento.

4. En el caso de acceso a documentos se tendrá en cuenta el ciclo de vida del documento. Si el documento está en fase activa los responsables de los órganos que tengan la custodia son directamente responsables, en el ámbito de sus funciones, del cumplimiento de la obligación de facilitar el documento a la Secretaría General e indicar el nivel de acceso que tiene el documento de acuerdo con el sistema de Gestión documental y Archivo de la UPF. Si el documento está en fase semiactiva o de preservación, el Archivo de la Universidad será el responsable de facilitar el documento a la Secretaría General.

5. El acceso a la información pública es gratuito si los datos son consultados en el lugar donde se encuentran depositadas, o bien si existen en formato electrónico, en cuyo caso serán entregados por correo electrónico. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes del original pueden estar sujetas a la contraprestación económica, que haya establecido el Consejo Social, la cual no puede exceder el coste de la operación.

Artículo 17. Recursos

1. Contra la resolución se puede interponer una reclamación ante el rector en el plazo de un mes si la resolución es expresa o tres meses si es presunto, a contar del siguiente de la notificación en el primer caso o cuando se hayan producido los efectos del silencio positivo en el segundo caso.

2. Contra la resolución de la reclamación, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso contencioso administrativo, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, en el plazo de dos meses si la resolución es expresa y de seis meses si es presunta.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 75 de la Ley 19/2014 y esta normativa, las personas afectadas pueden dirigir una queja ante el Síndic de Greuges de la Universidad Pompeu Fabra. Su intervención no suspende los plazos para la interposición de los recursos o reclamaciones administrativas o contenciosos administrativos procedentes.

Capítulo IV Registro de grupos de interés de la UPF

Artículo 18. Creación del Registro de grupos de interés y gestión

1. El Portal de la Transparencia de la UPF incluirá el registro de los grupos de interés de la Universidad Pompeu Fabra, que se crea por esta normativa. Las personas que se inscribirán, y sus obligaciones son las establecidas en los artículos 47 a 50 de la Ley 19/2014 y normas de desarrollo, esto es, las personas físicas y las organizaciones que trabajan por cuenta propia y participan en la elaboración y aplicación de las políticas públicas que lleva a cabo la Universidad y los entes vinculados en defensa de intereses de terceras personas u organizaciones. Desde un punto de vista objetivo:

a) Incluye todas las actividades llevadas a cabo con el fin de influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración o aplicación de las políticas y la toma de decisiones, con independencia del canal o medio utilizado, incluyendo las comunicaciones con cargos públicos, autoridades y empleados públicos y también las contribuciones y la participación voluntarias en consultas sobre propuestas normativas, actos jurídicos u otras consultas.

b) Quedan excluidas las actividades relativas a la prestación de asesoramiento jurídico o profesional vinculadas directamente a defender los intereses afectados por procedimientos administrativos, las actividades destinadas a informar a un cliente sobre una situación jurídica general, las actividades de conciliación o mediación llevadas a cabo en el marco de la ley, o las actividades de asesoramiento realizadas con fines informativos para el ejercicio de derechos o iniciativas establecidos por el ordenamiento jurídico.

c) Quedan también excluidas del ámbito objetivo de aplicación las actividades realizadas por las administraciones corporativas en el marco de las funciones públicas que les atribuye el ordenamiento jurídico y las realizadas por los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales en defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

2. Los ámbitos de interés son, con carácter enunciativo y no limitativo: universidad, investigación e innovación; transferencia de conocimiento; educación superior y formación a lo largo de toda la vida; y empleo de graduados y posgraduados.

3. El registro es público, salvo los datos personales, y gratuito, y tiene formato electrónico. La recepción, remisión y notificación de solicitudes, declaraciones, escritos y comunicaciones entre el órgano responsable del Registro y los interesados ​​se hace efectiva a través de medios electrónicos.

4. Las personas que se inscriban deberán cumplir con el Código de Conducta en los términos previstos en el artículo 51 de la Ley 19/2014 y normas de desarrollo, y sin perjuicio de que los grupos amplíen los compromisos. A estos efectos, la Universidad podrá adherirse al Código de Conducta aprobado por la Generalitat de Cataluña o establecer uno propio bajo los principios de aquél.

5. La Universidad puede encomendar la gestión del registro a la Generalitat de Cataluña para la gestión centralizada con el Registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat y de su sector público, de acuerdo con la previsión del artículo 45.3 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, y la Disposición Adicional del Decreto 171/2015, de 28 de julio, sobre el Registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat y de su sector público.

Artículo 19. Procedimiento de inscripción

1. La inscripción en el Registro de grupos de interés se formaliza a instancia del grupo de interés, mediante la presentación de una solicitud de su representante dirigida al secretario o secretaria general. La solicitud debe ir acompañada de la declaración responsable de que se dispone de la documentación acreditativa correspondiente y el compromiso de mantenerla actualizada.

Cuando la persona solicitante presente toda la documentación necesaria para la inscripción, ésta sólo podrá denegarse cuando quien pretende la inscripción o las actividades declaradas no estén incluidas dentro del ámbito de aplicación del Registro.

2. La resolución de la inscripción corresponde al secretario o secretaria general. Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados ​​pueden interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el rector.

3. La notificación de la resolución de inscripción deberá efectuarse en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya registrado de entrada. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, la solicitud de inscripción se entiende estimada y la inscripción se practica en el plazo de quince días.

Capítulo V Buen Gobierno

Artículo 20. Código de Conducta y cartas de servicio

1. Los cargos unipersonales de carácter general seguirán los principios de actuación del artículo 55 de la Ley 19/2014. La Universidad podrá decidir adherirse al Código de Conducta que apruebe la Generalitat de Cataluña o establecer uno propio, sin perjuicio del régimen de incompatibilidades aplicable a los cargos universitarios.

2. La gerencia debe velar para que se incluyan en los pliegos de cláusulas contractuales y en las bases de convocatoria de subvenciones o ayudas los principios éticos y las reglas de conducta a los que deben adecuar la actividad los contratistas y los beneficiarios, y los efectos de un eventual incumplimiento de estos principios.

3. Los servicios que presta la UPF se deben garantizar con calidad y deben incluir cartas de servicio que incorporarán un sistema de evaluación permanente de los servicios que garantice el derecho de los ciudadanos y de los miembros de la comunidad universitaria a formular propuestas.